LA ACCIÓN COMO ÚNICO MEDIO PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE SOCIO.

Introducción.

La acción es definida por la Ley General de Sociedad Mercantiles (artículo 111) como aquel título nominativo que sirve para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio.

Joaquín Rodríguez Rodríguez en su obra Tratado de Sociedades Mercantiles, propone que la acción debe estudiarse desde tres puntos de vista: a) Como un título valor, b) Como un parte del capital y c) Como status o calidad de socio.

A. La acción como título valor.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la acción es considerada como un título de crédito, el cual se entiende como aquel documento necesario para para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna (Artículo 5º L.G.T.O.C). Los títulos de crédito según su circulación se clasifican en títulos a la orden, nominativos y al portador (Artículo 21 L.G.T.O.C).

Según vimos líneas arriba, la acción es un título nominativo, entendiéndose como tal los expedidos a favor de una persona determinada cuyo nombre obra en el texto del documento y que además se encuentran inscritos en el libro de su emisor (Artículos 24 y 26 L.G.T.O.C).

De conformidad con los artículos 125, fracción I y 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la acción deberá contener en otros datos: el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, los cuales deberán aparecer también en el libro de accionistas, especial mención merece este punto, pues en el artículo 129 de la legislación societaria se establece que la sociedad anónima solo reconocerá como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el libro de registro de las acciones.

La acción cumple con las características de: literalidad, circulación, abstracción, incorporación, legitimación, sustantividad y ejecutividad, mismas que son aplicables para los títulos de créditos según la doctrina más influyente en México (Barrera Graf, Mantilla Molina, Gómez Gordoa).

B. La acción como parte del capital social.

El capital social debe ser considerado como una cuestión aritmética, que representa la suma de las aportaciones entregadas por los socios, siendo la Sociedad Anónima, una sociedad eminentemente capitalista ésta solo puede constituirse por la entrega de recursos -numerario o especie-, según lo dispone el artículo 89, fracciones III y IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las aportaciones de cada socio están representadas por acciones, por mandato del artículo 89, fracción I de la ley de la materia, al constituirse una Sociedad Anónima deben existir por lo menos dos accionistas y que cada uno de ellos suscriba una acción -carácter pluralista-, es decir, el capital social de una Sociedad Anónima inicialmente debe estar dividido en dos acciones por lo menos.

C. La acción como calidad o estatus de socio.

Rodriguez Rodríguez refiere que la acción es aquel documento que certifica el derecho de participación de su tenedor en el aspecto societario de la persona moral de la que forma parte.

Los derechos y obligaciones del accionista están determinados en la acción misma, como lo establece la fracción VII del artículo 125 de la citada ley. Tanto los derechos concedidos como las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, están topados el importe de la acción, de ahí que el artículo 87 de la ley en cita dispone: “Sociedad anónima es aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de las acciones.

Para que el socio pueda hacer efectivos sus derechos patrimoniales como corporativos, recordemos que es necesario que concurran dos hechos: a) que el socio tenga en su poder y a su nombre el título definitivo de la acción y b) que dicho documento este inscrito en el libro de accionistas.

Así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 1ª.XII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el mes de abril de 1997, con número de registro ius: 198917, bajo el rubro: “Accionista, medios de prueba para acreditar ese carácter.”

En el referido criterio, se concluye: “[…] de lo que se desprende que los medios para que una persona acredite su calidad de socio cuando ejerce un derecho, es con la presentación de los títulos respectivos, ya sea la propia acción o bien el certificado provisional, porque éstos, independientemente de la naturaleza de la instancia que se funda dicho carácter, son constitutivos del derecho que se pretende hacer valer.”

Plazo para la emisión de las acciones.

El artículo 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles impone el plazo de un año para que las Sociedades Anónimas expidan los títulos representativos de las acciones, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el capital social.

Esta obligación a cargo de la sociedad nace cuando la acción es liberada, entendiéndose como tal aquella cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas.

Manuel Lizardi Albarrán (Estudios a la Ley General de Sociedades Mercantiles) dice que el plazo de un año que fijó el legislador, es el suficiente para que la sociedad prepare tanto los títulos definitivos como el libro de registro de acciones.

Transcurrido dicho plazo, el socio podrá demandar a la sociedad en la vía oral mercantil la entrega de los títulos definitivos como su registro en el libro de accionistas.

Plazos que tiene el socio para pagar el valor de la acción.

La Ley General de Sociedades Mercantiles, prevé dos hipótesis:

a) La prevista en la artículo 118, que establece que el socio tiene la obligación de pagar las exhibiciones y el monto de las acciones, en el plazo que se haya fijado en las mismas, y

b) La regulada en el artículo 119 que establece que cuando en las acciones no conste el plazo, la sociedad deberá proceder hacer una publicación en el sistema electrónico establecido en la Secretaria de Economía, 30 días antes de la fecha señalada para el pago.

Transcurridos dichos plazos, la sociedad en la vía ordinaria mercantil procederá a exigir judicialmente el pago de las exhibiciones, o bien, a la venta de las acciones.